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Para muchos de los m\u00e1s de 100.000 inmigrantes indocumentados que se calcula viven en los condados de Santa B\u00e1rbara y Ventura, la pandemia de COVID-19 ha causado graves dificultades econ\u00f3micas. Muchas de estas personas trabajan en la agricultura, el servicio dom\u00e9stico y la hosteler\u00eda, sectores especialmente afectados por la pandemia, pero no tienen derecho a las prestaciones por desempleo ni a los fondos de est\u00edmulo de la Ley CARES que reciben los dem\u00e1s. El 805 Undocufund ofrece ayuda a estos trabajadores en apuros y a sus familias, pero los fondos disponibles s\u00f3lo cubren una peque\u00f1a parte de las necesidades.<\/p>\n
Creado tras el incendio Thomas y el flujo de escombros del 1\/9 y resucitado con COVID-19, el 805 Undocufund est\u00e1 gestionado conjuntamente por CAUSE (Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy), MICOP (Mixteco Indigena Community Organizing Project) y FLA (Future Leaders of America), con la Ventura County Community Foundation como patrocinador fiscal. Para esta fase, la FLA administra los fondos.<\/p>\n
Hasta la fecha, se han distribuido $1,8 millones a 1.735 hogares, con una subvenci\u00f3n media de algo m\u00e1s de $1.000. Cuando comenz\u00f3 el programa el 21 de marzo, la FLA recibi\u00f3 1.300 solicitudes en los dos primeros d\u00edas. Recibi\u00f3 miles m\u00e1s antes de cerrar el plazo a finales de abril. Algo m\u00e1s de la mitad de las solicitudes proced\u00edan de residentes en el condado de Santa B\u00e1rbara.<\/p>\n
Tras el incendio Thomas y el flujo de escombros del 1\/9, la admisi\u00f3n para el 805 Undocufund se hizo en persona en las cl\u00ednicas. La preocupaci\u00f3n por la seguridad de los COVID hizo que la FLA adoptara esta vez un proceso de solicitud en l\u00ednea. La naturaleza controvertida de la misi\u00f3n -asistir a inmigrantes indocumentados- hizo necesario un software de encriptaci\u00f3n para salvaguardar la informaci\u00f3n de los clientes. Las amenazas recibidas durante la administraci\u00f3n del programa obligaron a hacer una pausa para actualizarlo a un sistema a\u00fan m\u00e1s seguro. La tramitaci\u00f3n se ha reanudado con un personal ampliado y formado, pero seg\u00fan el Director Ejecutivo de la FLA, Eder Gaona-Macedo, la financiaci\u00f3n existente no alcanzar\u00e1 a cubrir las necesidades de los inmigrantes indocumentados de los dos condados.<\/p>\n
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Para Gaona-Macedo, que lleg\u00f3 indocumentado, este trabajo es muy personal. Relat\u00f3 c\u00f3mo los inmigrantes indocumentados son la columna vertebral de nuestra comunidad, tambi\u00e9n en la ciudad de Santa B\u00e1rbara. De los que solicitan ayuda, el 39% trabaja en el sector de la hosteler\u00eda (bares, restaurantes y hoteles). En estos tiempos de dificultades econ\u00f3micas, los ingresos del 805 Undocufund no bastan para mantener a flote a las familias. Algunas de estas familias, se\u00f1al\u00f3 Gaona-Macedo, llevan sin ingresos desde la orden de cierre del 19 de marzo del gobernador Gavin Newsom.<\/p>\n
El gobernador Newsom proporcion\u00f3 alguna ayuda a los inmigrantes indocumentados afectados por el COVID. A mediados de abril, anunci\u00f3 el programa DRAI (Disaster Relief Assistance for Immigrants), que proporcion\u00f3 $75 millones en todo el estado a 150.000 inmigrantes indocumentados. Administrado en los condados de Santa B\u00e1rbara y Ventura por MICOP, DRAI proporcion\u00f3 una subvenci\u00f3n \u00fanica de $500 a 5.500 inmigrantes indocumentados.<\/p>\n
La Directora Asociada de MICOP, Genevieve Flores-Haro, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda ayudas para el resto de inmigrantes indocumentados, cuyo total se calcula que supera los 100.000 en los dos condados, y que el pago \u00fanico, para los que lo recibieron, era mucho menor que lo que otros trabajadores despedidos reciben cada semana en prestaciones por desempleo.<\/p>\n
A mediados de mayo, durante la primera semana en que MICOP dispuso de l\u00edneas telef\u00f3nicas para el programa, recibieron 130.000 llamadas a la oficina de Santa B\u00e1rbara y 150.000 a la del condado de Ventura. Las l\u00edneas se colapsaron el primer d\u00eda, pero al siguiente ya funcionaban. Todos los $2.750.000 recibidos por el Estado se distribuyeron antes de finales de junio, de los cuales alrededor del 62% se destin\u00f3 a los residentes del condado de Ventura y el resto a los del condado de S.B.<\/p>\n
Flores-Haro est\u00e1 agradecida por DRAI, pero lo ve como una gota en el oc\u00e9ano, se\u00f1alando que la idea detr\u00e1s del programa era conseguir ayuda para uno de cada seis inmigrantes indocumentados, y se qued\u00f3 lamentablemente corto incluso de ese modesto objetivo. Cont\u00f3 que los clientes de MICOP son personas trabajadoras que han pedido dinero prestado a familiares, amigos o usureros para pagar sus gastos y ahora tienen que devolverlo. Teme que el da\u00f1o a estas familias aumente a medida que el COVID contin\u00fae y la ayuda no llegue. Algunos inmigrantes indocumentados han perdido su trabajo, a otros se les ha recortado la jornada laboral y otros siguen trabajando pero no les llega. Se\u00f1al\u00f3 que el trabajador agr\u00edcola medio empleado a tiempo completo en tiempos sin COVID gana s\u00f3lo entre $15.000 y $20.000 al a\u00f1o.<\/p>\n
Seg\u00fan el Director de Pol\u00edtica y Comunicaci\u00f3n de CAUSE, Lucas Zucker, los inmigrantes indocumentados se han visto desproporcionadamente afectados por la pandemia debido a las industrias en las que trabajan y a sus circunstancias econ\u00f3micas previas a la llegada de COVID. La necesidad es tan inmensa, sostiene Zucker, que es necesario un cambio sist\u00e9mico: Una red de seguridad para todos los miembros de la comunidad en tiempos dif\u00edciles -desde pandemias hasta incendios forestales- independientemente de su estatus migratorio. Gaona-Macedo se hizo eco de estos sentimientos, haciendo hincapi\u00e9 en la necesidad de ayudas al desempleo para todos los trabajadores.<\/p>\n
Un proyecto de ley en la Asamblea de California, apoyado por CAUSE, MICOP, FLA y muchos otros, para proporcionar un apoyo semanal continuo a los ingresos de los trabajadores indocumentados que est\u00e1n desempleados por causas ajenas a su voluntad, no obtuvo el apoyo legislativo necesario para ser incluido en el presupuesto estatal. El Centro de Pol\u00edtica y Presupuesto de California calcula que los inmigrantes indocumentados contribuyen con m\u00e1s de $3 mil millones anuales al sistema fiscal estatal y local de California, y sin embargo se les niega el subsidio de desempleo y otras prestaciones.<\/p>\n